Mohamed Elmoritocanario

Seis millones de euros. Sí, has leído bien. Seis millones. Y la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es inevitable: ¿de verdad esta era la prioridad?

Mientras miles de familias hacen malabares para llegar a fin de mes, mientras jóvenes renuncian a independizarse porque los alquileres son imposibles, mientras hay listas de espera en la sanidad pública, colegios que necesitan inversiones y servicios públicos que reclaman más recursos, sale a la luz la compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid para ser utilizado como oficina temporal de la presidenta durante unas obras.

La Comunidad de Madrid sostiene que el inmueble no es una vivienda privada de Isabel Díaz Ayuso, sino un espacio institucional que se utilizará como despacho temporal. Pero eso no ha evitado una fuerte polémica. Muchos ciudadanos y partidos de la oposición se preguntan si una operación de ese importe era realmente necesaria y si no existían alternativas mucho más económicas.

Porque aquí no se trata solo de si algo es legal. También se trata de prioridades. Cuando el dinero es público, cada euro debería responder a una necesidad clara y estar respaldado por la máxima transparencia. Y cuando una administración decide gastar millones en un inmueble de lujo, es lógico que la ciudadanía pida explicaciones.

Lo más preocupante es la sensación de que siempre hay dinero para determinadas decisiones, mientras para otras se repite una y otra vez que “no hay presupuesto”. No hay dinero para reducir listas de espera, no hay dinero para determinadas ayudas, no hay dinero para reforzar algunos servicios… pero aparecen millones cuando se trata de operaciones como esta. Esa contradicción es la que alimenta el malestar de muchas personas.

En una democracia, ningún gobernante debería molestarse porque se le pidan cuentas. Al contrario: quien administra dinero público tiene la responsabilidad de explicar con claridad por qué toma determinadas decisiones y demostrar que son las mejores para el interés general.

Gobernar no consiste solo en cumplir la ley; también consiste en ganarse la confianza de los ciudadanos. Y esa confianza se construye con transparencia, responsabilidad y prioridades que respondan a las necesidades de la mayoría, no a decisiones que muchos perciben como difíciles de justificar.